Es el proceso por el que España se está adaptando a las normas comunes europeas que regulan el mercado interior de este sector. Dicho proceso se ha venido desarrollando en nuestro país de manera gradual y ahora, a partir del 1 de julio, se extiende a la mayor parte de los consumidores domésticos, es decir, los que están conectados a la red en baja tensión con una potencia contratada igual o inferior a 10 kW.
A partir de esa fecha, los consumidores podrán elegir entre contratar su suministro de energía en el mercado libre pactando un precio con una comercializadora o bien acogerse a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), que consiste en un precio máximo y mínimo que fijará el Gobierno para el suministro eléctrico y que será único para el territorio nacional.
En nuestro país la liberalización se ha producido ya en otros sectores, como los de las telecomunicaciones y el gas.
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